Hipotecas multidivisa, ¿Por qué son abusivas?

Desde que las cláusulas suelo se declararan ilegales con carácter retroactivo, no han parado de salir a la luz nuevas cláusulas y procesos hipotecarios considerados como abusivos. La última en llegar a los tribunales ha sido la llamada hipoteca multidivisa. Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), el 80% de los juicios que están relacionados con este tipo de préstamos hipotecarios, – que permiten pagar con otras monedas diferentes al euro,- los está ganando el demandante.

La banca ofrecía estas hipotecas bajo el pretexto de que los intereses que ofrecían eran mucho más económicos, en una época en la que el Euribor era de en torno al 5%. Nada más lejos de la realidad, estas hipotecas resultaron ser muy perjudiciales para aquellos que las contrataron.

Y es que los deudores contrataban la hipoteca con el valor en euros, pero las cuotas y las amortizaciones se calculaban en otra divisa. Muchos de los afectados eligieron los francos suizos o los yenes de Japón, unas monedas que comenzaron a ganar valor durante la crisis respecto al euro, lo que provocó importantes pérdidas entre los deudores que habían contratado esta hipoteca.

Esto provocó que los juzgados recibieran numerosas demandas contra este tipo de hipoteca, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 las consideró un ‘instrumento financiero’. El Alto Tribunal terminó concluyendo que era necesario informar a un cliente de los riesgos que puede conllevar contratar este tipo de hipotecas.

Desde esta sentencia, los tribunales suelen dar la razón a los consumidores, aunque no siempre. Cada caso es diferente y eso significa que los abogados defensores de los demandantes tienen que analizar la situación y evaluar si realmente contrataron la hipoteca sin saber los riesgos que conllevaba.

Aun así, en la gran mayoría de los casos es el consumidor el que gana la batalla, por lo que los bancos han optado por intentar realizar pactos con los consumidores para evitar llegar a los tribunales, lo que les supone un gasto sustancialmente más alto, ya que, en caso de perder, tendrían que pagar también las costas judiciales.